El Acueducto Independencia desencadena consecuencias imprevisibles
Mario Luna (izquierda), vocero oficial de la Tribu Yaqui y defensor del agua, habló con Meloncoyote en el recinto de las autoridades de la etnia en Vicam. El gobierno del estado de Sonora lo recluyó en la cárcel de máxima seguridad durante un año, junto con Fernando Gutiérrez, en violación a sus derechos, según dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Foto: Archivo Melóncoyote).
CIUDAD DE MÉXICO
Con fecha del 16 de diciembre, 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comunicó que se emitió una recomendación a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, en la que dictamina se otorgue una indemnización a los integrantes de la Tribu Yaqui Mario Luna y Fernando Gutiérrez, por la violación de su “libre autodeterminación y debido proceso”.
El comunicado destaca que “los agraviados permanecieron un año en prisión sujetos a proceso penal, sin que el agente del Ministerio Público hubiera verificado previamente su carácter de autoridades tradicionales”.
La CNDH determinó que el monto de la indemnización se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
La CNDH determinó que el monto de la indemnización se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
Asimismo, solicita al Procurador General de Justicia de la entidad impartir cursos a los servidores públicos de la dependencia, sobre usos y costumbres de las comunidades indígenas en general, precisando la relevancia del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho para aplicar sus propios sistemas normativos en la solución de sus conflictos internos.
Habrá que recordar que Luna, dirigente y vocero de la Tribu Yaqui, fue aprehendido arbitrariamente el 11 de septiembre de 2014, por agentes de la Policía Federal Ministerial, vestidos de civil, sin que haya existido orden de aprehensión y/o presentación, al igual que Gutiérrez unos días después, y estuvieron encarcelados más de un año en el penal de máxima seguridad en Hermosillo.
Fueron acusados de robo de vehículo pero organizaciones de la sociedad civil consideraron que las detenciones se dieron en el marco de la oposición yaqui al despojo del agua del Río Yaqui que le da vida. El desvío se hizo mediante el Acueducto Independencia construido por el gobierno de Guillermo Padrés, ahora acusado entre otros delitos de lavado de dinero y desviación de recursos públicos.
La intención de Padrés fue llevar el líquido a la sedienta capital del estado, Hermosillo, ubicada en una zona desértica e históricamente abastecida por otra cuenca, la del Rio Sonora, mismo que se contaminó con metales pesados, resultado de los derrames de tóxicos desde 2014 de la mina Buenaventura del Cobre en Cananea, delito ambiental que sigue sin solución y sin castigo para la empresa responsable, del Grupo México.
La contaminación, la discriminación, la criminalización y el aumento desmedido en las tarifas de agua son otras consecuencias imprevisibles del robo gubernamental del agua yaqui, según los analistas.
Raquel Padilla, antropóloga y estudiosa de la historia y cultura yaqui, considera que “A los hermosillenses nos convencieron de que el Acueducto Independencia es indispensable. Anuncios panorámicos, comerciales en radio, propaganda en televisión, espectaculares en la calle y, sobre todo, la voz oficiosa de algunos medios de comunicación como El Imparcial, abonaron al terrorismo hídrico, y en consecuencia, al esparcimiento de una sensación de terrorismo étnico.
“Gran parte de los hermosillenses, aún los autodenominados activistas, o reconocidos como tales, no apoyan la lucha yaqui por la defensa de su río, argumentando absurdamente que los yaquis son o fueron priistas.
“Otros hay que temen que en el grifo de sus casas deje de correr el agua. No se han dado cuenta de que el acueducto llega hasta el parque industrial y no se han percatado de que la Heineken, la Ford, la cementera y las plantas embotelladoras son prácticamente las únicas beneficiadas, pues sólo el 7 por ciento de la población civil, gente como usted o como yo, recibe esas aguas en uso doméstico”, concluye Padilla.
Al mismo tiempo, el cabildo del municipio y el Congreso del Estado aprobaron un aumento en las tarifas del agua, incluida la doméstica, del 60 por ciento.
Argumentaron que la administradora gubernamental del agua está quebrada y los costos suben debido a la entrada en operación de una nueva tratadora de aguas residuales para lograr “la calidad suficiente para reutilizarse en una gama amplia de actividades, como lo es la agricultura, ganadería, industria, construcción, turismo, actividades recreativas y paisajísticas, así como en usos urbanos como lo es el riego de calles, jardines, campos deportivos, etc.”
La reacción de la ciudadanía no se ha hecho esperar y se oponen radicalmente al aumento, más aún al correr la información de que la empresa será saneada para su posterior privatización a una inversión conjunta de capital español y del estado de México.