Megaproyecto inmobiliario costero Tres Santos arrodilla a las autoridades
Los pescadores de Punta Lobos hicieron su posada de Navidad en la via pública para mantener el plantón que impida a la empresa privada el acceso a la playa. (Foto: Cortesia Salvemos Punta Lobos).
PUNTA LOS LOBOS
Sin resultado alguno hasta ahora fue la reunión entre representantes de los tres niveles de gobierno, federal estatal, municipal y legisladores con empresarios y pescadores de Punta Lobos para solucionar de manera legal el despojo del terreno, playa y trabajo que hace la empresa MIRAcompanies, que de la noche a la mañana se ostenta como propietaria de esa zona.
Los conflictos socio ambientales tienen a un número cada vez mayor de pobladores en constante enfrentamiento con gobernantes de todos los niveles, con inversionistas y aún entre los propios vecinos debido a que las obras son realizadas en territorios que son de propiedad ejidal, comunal e incluso privada que casi siempre terminan con los protestantes en la cárcel, o en el extremo de los casos asesinados.
Mientras el presidente Enrique Peña Nieto (EPN), inauguraba obras de infraestructura, centros comerciales y hoteles en Los Cabos, Baja California Sur, los pescadores de Punta Lobos, a un costado del pueblo mágico de Todos Santos mantenían un bloqueo carretero y en el acceso a la playa en protesta por el megaproyecto inmobiliario incluido un campo de la Universidad de Colorado que por lo pronto les expulsó de su tradicional acceso al mar, su fuente de empleo.
Baja California Sur es un sitio de grandes riquezas naturales, pinturas rupestres, oasis, fauna marina y terrestre, vegetación y una conjunción de mar y desierto que le hacen poseedora de paisajes únicos en el mundo, de ahí que su principal motor de crecimiento sea el turismo, además de la pesca ya que en sus mares, el Océano Pacífico y el Golfo de California surcan variadas y numerosa especies aptas para el consumo humano.
Este modelo de crecimiento está siendo alterado por la irrupción e imposición de nuevos proyectos muy alejados de su vocación que producen despojo, marginación y pobreza, la cual nunca ha sido erradicada, por ejemplo en Los Cabos que pese a ser un centro de atracción turística mundial, padece problemas de recolección de basura, servicios públicos deficientes, destrucción de manglares que constituyen una defensa de primer orden frente a las tormentas y ciclones. Entre las nuevas inversionistas se encuentran el pospuesto de una minera de oro a cielo abierto, una minera submarina, gigantescos desarrollos inmobiliarios y algunas otras obras de infraestructura y de servicios que privatizan las playas.
El propio EPN así lo reconoció al inaugurar la autopista de cuota que une a San José del Cabo con Cabo San Lucas al declarar: “si bien para Baja California Sur uno de los motores principales de desarrollo económico es la actividad turística, junto a ella debe estar acompañando la atención a distintas necesidades que permitan que esta actividad se potencie, se consolide y depare bienestar para los habitantes del estado”. Pero los hechos le contradicen aunque prometió reforzar esta actividad al afirmar que su gobierno está dispuesto a trabajar con el gobierno del estado para impulsar nuevos sitios como Loreto: “Quiero comprometer el que hagamos esfuerzo compartido, conjunto, sumemos esfuerzos, trabajemos en cómo podemos potenciar el desarrollo de este sitio tan bello, tan relevante del estado de Baja California Sur, que sin duda tiene un enorme potencial”, dijo EPN.
Tras el bombo y platillo de la inauguración de la autopista aparecieron campesinos del ejido San José para exigir el pago de 30 millones de pesos que se les adeuda por la cesión de terrenos ejidales que alcanzan una superficie de 20 hectáreas.
Es el municipio de Los Cabos uno de los más afectados recientemente por la llegada de nuevas inversiones, entre las que destaca Tres Santos que está desplazando a los pescadores de Punta Lobos, amenaza la integridad cultural de Todos Santos, al tiempo que invade la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). La inversión está destinada a una superficie de 414 hectáreas para la construcción de 11 mil cuartos de hospedaje, lo que superaría la población que reside en Todos Santos, invade parte de la Zofemat que consiste en franjas de uso común del dominio público de 20 metros transitable y contigua al mar, que se determina a partir de la cota pleamar máxima, afirman los defensores de la zona desde su cuenta en Facebook, Salvemos Punta Lobos.
Según el Reglamento para el Uso y aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegable, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el artículo séptimo, establece que “Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona sin más limitaciones y restricciones”.
Y en el apartado II del mismo artículo señala: “Se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito por dichos bienes, con excepción de aquéllas que apruebe la Secretaría atendiendo las normas de desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente” (LGEEPA), dio a conocer el reportero Carlos Ibarra en el portal SDPNoticias.com.
La empresa MIRAcompanies también es acusada de destruir manglares y de estar operando fuera de las leyes ambientales y nacionales, por ejemplo de invadir terrenos que no son de su propiedad y mantener contratados a agentes de seguridad extranjeros, presumiblemente de Estados Unidos, los cuales se observan en un video difundido por Salvemos Punta Lobos cuando tratan de intervenir en el plantón de los pescadores para impedir a la empresa el acceso a la playa, mismo que ha obligado a la empresa a iniciar negociaciones con vistas a solucionar el conflicto. Las obras del megaproyecto están suspendidas.
El 30 de octubre en reunión realizada en el propio plantón, la representante de la empresa Beatriz Ledesma y pescadores miembros de la cooperativa Punta Lobos, acordaron realizar una reunión pública el 11 de noviembre en la plaza pública de Todos Santos con representantes con capacidad de tomar decisiones de las diversas instituciones públicas involucradas en el proyecto, de la propia empresa, ciudadanos afectados y de los pescadores.
En tanto, diputados locales de todos los partidos políticos presentaron en el Congreso un punto de acuerdo en el que solicitan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los proyecto de inversión; piden que “proporcione la información de cuántos y cuáles proyectos mineros están operando en el territorio del estado, los que están en trámite, además del estatus que guardan cada uno de ellos”.
Los diputados piden conocer qué otras solicitudes de proyectos que puedan impactar negativamente al medio ambiente se encuentran en estos momentos en trámite, “tales como proyectos de marinas, que por pretender ubicarse en zonas inadecuadas puedan traer graves perjuicios a la ecología, como es el caso que se sabe, hay la pretensión de establecer una marina a 50 metros de la playa el Coromuel en la ciudad de La Paz, que por su ubicación impactaría en su momento al ecosistema”.
A nivel nacional, más de 300 organizaciones de defensa de los derechos humanos y ambientales acordaron unir esfuerzos con el fin de evitar los megaproyectos que mantienen a grandes territorios del país en pugna entre habitantes y el capital.
Ubican a obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos; industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica; exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así́ como residuos radiactivos, aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; cambios de uso del suelo de áreas forestales, en selvas y zonas áridas; parques industriales donde se prevé la realización de actividades altamente riesgosas; desarrollos inmobiliarios que afectan los ecosistemas costeros; obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, en sus litorales o zonas federales, según una demanda que presentaron en 2012 ante el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, de acuerdo con el portal Sinembargo.com.
También obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas.