Defensor de la Tribu Yaqui denuncia el despojo
del agua ante foro global
"Los que hablan fuerte llegan a la ONU"
Mario Luna, derecha, acudió a la ONU, junto con representantes de otros pueblos indígenas, para denunciar el robo del agua por el Estado mexicano. (Foto: Cortesía el Foro Permanente de Cuestiones Indigenas de la ONU).
NUEVA YORK
Palabras pronunciadas en el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas el 16 de mayo de 2016, en el apartado de Diálogo con la Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Virginia Tauli Corpuz y el Presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Buen día a todos los presentes, buen día Señora Relatora, buen día a todos los miembros de este Foro Permanente.
Mi nombre es Mario Luna Romero, vengo en representación de mi pueblo, el pueblo Yaqui de Sonora, México; un pueblo milenario que se niega a desaparecer, un pueblo que sigue resistiendo los embates de políticas racistas que pretenden despojar del territorio ancestral a los sobrevivientes que somos nosotros; sobrevivientes a campañas de deportación y un estado de guerra continuo por más de doscientos años en el pasado reciente.
A pesar de haber sobrevivido a deportaciones masivas de niños y mujeres en los principios de 1900 a 1910, de haber soportado bombardeos aéreos en defensa de la integridad territorial en los años veinte; hoy en día seguimos enfrentando la misma ansia de despojo por parte de programas de Estado diseñados desde un escritorio que reflejan el desprecio por la vida de nuestros pueblos originarios al promover desde las esferas de gobierno desde 2010 la redistribución de volúmenes de agua sin importar que con esta acción de gobierno se despoje del vital líquido a una región para beneficiar a otra con mayor capacidad tecnológica y económica.
Contrario a lo que pudiera imaginarse, mi pueblo ha agotado todas las instancias institucionales que otorga el Estado mexicano en defensa de nuestro derecho humano al agua y a la vida, tan es así que agotamos todos los recursos legales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde nos conceden la razón, ordenan se respete y otorgue el derecho de audiencia al pueblo por medio de una consulta basada en estándares internacionales que sea libre, previa, informada, de buena fe.
Este ordenamiento judicial de alto nivel en México, hasta el momento no ha sido cumplido cabalmente; ya que las instituciones encargadas de aplicar dicha consulta han sido omisas en su actuar y en la mayor parte del proceso han demostrado la tendencia a tomar la consulta como un mero requisito para validar el despojo de nuestro derecho ancestral, constitucional y humano al agua del Río Yaqui que da nombre y articula históricamente nuestra existencia comunitaria.
Cabe agregar que en una sentencia aclaratoria que solicitaron las instituciones mexicanas a la SCJN se puntualiza que en caso de apreciarse, denunciar o demostrar que este megaproyecto de trasvases de agua por medio del Acueducto Independencia afectara de forma irreparable la disponibilidad de agua al que tiene derecho el pueblo yaqui, en ese momento se cancelaría y suspendería el acueducto en mención sin importar la fase en la que se encuentre el proceso de consulta ordenada.
Para resolver este punto y como parte del proceso de consulta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el mismo pueblo yaqui solicitaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), realizar un peritaje para determinar el grado de afectación de dicha construcción y operación al citado pueblo quejoso, determinando esta institución especializada y publica que la operación del Acueducto Independencia afecta gravemente la disponibilidad presente y futura del agua y más aún recomienda la cancelación inmediata de dicha obra.
Ante los resultados negativos de dicho peritaje el Estado mexicano ha permanecido callado y sólo se ha mantenido en la exigencia de dar por terminada la consulta y dejar que la citada obra siga manteniendo su operación mínima sin importar que con esto violentan el Estado de Derecho al mismo tiempo que permiten el funcionamiento de una obra sin el Manifiesto de Impacto Ambiental dejando con esto en indefensión jurídica al pueblo yaqui que sólo exige el cumplimiento cabal de las leyes que los representantes gubernamentales en turno juraron cumplir y hacer cumplir.
Como es evidente, el Estado mexicano no ha satisfecho la exigencia de nuestro pueblo en su reclamo de respeto y justicia por lo que creemos necesario la intervención de usted, Señora Relatora, para que en corto tiempo pueda constatar en el lugar de los hechos lo que aquí se denuncia y expone a la opinión de esta Honorable Asamblea; en el entendido que de no tomar en sus manos la situación planteada se pueden repetir actos de prepotencia e impunidad como la criminalización de la protesta y la aplicación selectiva de las leyes en contra de nuestros defensores.
Solo quiero agregar que ya existe antecedente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del grado de riesgo en que se encuentran los voceros y defensores de los derechos humanos del pueblo yaqui, motivo por el cual ya se han emitido más de seis medidas cautelares para los principales activistas y de igual manera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido recomendaciones al gobierno de México para que no se repitan las acciones de violación a los derechos de Fernando Jiménez y Mario Luna mismos que permanecieron en prisión por más de un año sin haberse comprobado delito alguno.