Facilitan legalmente las expropiaciones en Baja California Sur
LA PAZ
En turbulenta sesión, el Congreso aprobó la LAPP. (Foto: cortesía de Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida).
Decenas de ciudadanos trataron de impedir en el Congreso del Estado de Baja California Sur la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), sin conseguirlo debido a la votación masiva de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y la presencia de la fuerza pública en el interior del recinto.
De manera previa, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, emprendió una campaña de información y recolección de firmas en apoyo a un documento en contra de lo que llamaron “La Ley Mendoza del Despojo a los Sudcalifornianos”, que luego presentaron en el Congreso para demostrar que una gran parte de la población no está de acuerdo con dicha ley, que finalmente fue aprobada con los 13 votos de diputados del PAN y dos del Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS).
La petición para ser escuchados, realizar una consulta pública y no aprobar la iniciativa del mandatario estatal no fue escuchada por los legisladores ni por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del propio Congreso estatal, pese a haber presentado unas 2 mil firmas en una primera demostración.
La LAPP aprobada el 8 de junio, es iniciativa del gobernador del estado Carlos Mendoza Davis, y fiel copia de la ley federal en la materia, es de orden público y tiene por objeto regular el desarrollo de proyectos de asociaciones público privadas en el estado de Baja California Sur, de tal manera que emprenderán proyectos los gobiernos municipales y estatal con firmas privadas, nacionales y extranjeras.
Además de ser un ordenamiento para todos, la ley establece que es para proyectos de largo plazo e incluye las actividades de prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con los objetivos de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en el estado.
Las demandas de los ciudadanos fueron ignoradas. (Foto: cortesía de Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida).
Los proyectos que se presenten al amparo de esta ley deberán mostrar sus beneficios frente a otros esquemas de financiamiento, lo cual no será difícil ya que crea un Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico que garantice su éxito, que será fortalecido con el respaldo de otras instituciones como el Banco de Comercio Exterior y de otras dedicadas al sector turismo.
La primera ley regulada de este tipo fue creada durante el gobierno de Felipe Calderón, en enero de 2012; marcaba como sus objetivos los de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en el país, tras lo cual ocurrió una avalancha de inversionistas en autopistas, hospitales de especialidades, ciudades gobierno y otra infraestructura. Incluso sirvió de base para fundamentar la Reforma Energética y hasta ahora no ha quedado demostrada su función social.
Los ciudadanos que rechazan la LAPP en Baja California Sur advierten que con este ordenamiento se incrementarán las inversiones que ponen en riesgo el territorio y los recursos naturales. “DILE ¡NO! A LA "LEY MENDOZA DE DESPOJO A LOS SUDCALIFORNIANOS" (iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas). ¡¡¡¡ESTA LEY NOS AFECTA A TOD@S!!!! Si eres ganadero o agricultor te pueden expropiar tus terrenos para desarrollar un proyecto público-privado, si eres pescador te pueden expropiar tus derechos (concesiones) para efectuar un proyecto público-privado (como puede ser la mina Don Diego); si eres propietario de una casa que se encuentre en una zona en donde pretendan hacer un proyecto público-privado, a ti y a tus vecinos les expropiarán su propiedad, Si eres dueño de camiones, lanchas, maquinaria, (…) y los necesitan para desarrollar un proyecto público-privado te los pueden expropiar (…)”, arengaron.
Y es que al igual que en la Reforma Energética, por causas de interés público el ciudadano puede ser expropiado si no acepta otra negociación. El artículo 88 de la LAPP indica que “La adquisición de tales inmuebles, bienes y derechos se hará a través de la vía convencional o mediante expropiación de propiedad particular”.
De manera arbitraria e innecesaria fue solicitada la presencia de la policía estatal. (Foto: cortesía de Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida).
Los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo, de la Revolución Democrática y de Movimiento de Regeneración Nacional, votaron en contra pero cuentan con sólo seis escaños. Al manifestar su malestar expresaron que fue “una grave imposición antidemocrática, una arbitrariedad, una burla a la sociedad sudcaliforniana y un golpe de Estado Legislativo”, al tiempo que consideraron que esta ley “nace nula de todo derecho porque no se cubrieron los procedimientos legislativos, como por ejemplo el que señala que se tiene que acreditar la urgencia, para dispensar la segunda lectura”, es decir nace sin legitimidad.
“Ya se anuncia en corrillos del Congreso y del Palacio de Gobierno que para el año de 2017, más de la tercera parte del presupuesto se destinará a financiar empresas público-privadas”, consideraron, mientras ciudadanos y partidos políticos anuncian ya que tomarán nuevas medidas de carácter legal para impedir que esta ley entre en vigor.
El PAN de su lado, dio a conocer en un comunicado de prensa, que esta ley tiene la finalidad de generar certidumbre a la inversión privada y de establecer nuevos mecanismos de financiamiento para la obra pública “con alto contenido social en Baja California Sur, que beneficie a todos los sectores de la población”.
En Baja California Sur existen actualmente varios conflictos por la intención de construir megadesarrollos inmobiliarios como en Todos Santos y Cabo Pulmo; inversiones mineras, como la submarina en el Golfo de Ulloa, y terrestres en varios puntos, entre ellos una a cielo abierto en el Área Natural Protegida de Sierra La Laguna.