Consulta sobre proyecto minero Los Cardones, de las más concurridas en la historia
Jovenes visitaron a la Sierra de la Laguna (Foto: Niparaja A.C.).
LA PAZ
La consulta pública sobre el proyecto minero Los Cardones convocada por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue uno de las más concurridas de su tipo, en la historia del país.
Con un millar de asistentes, e incluso trasmisión en vivo el día 9 de enero pasado, la representación de la sociedad civil y la academia expresaron un rechazo rotundo a la apuesta por parte de los inversionistas, representados por Desarrollos Zapal del Grupo Invecture.
Desde un principio, los opositores se quejaron de que la dependencia no puso a la disposición toda la información que los promotores entregaron y que el público solicitó.
La Semarnat dio a conocer el ingreso del proyecto minero Los Cardones el 14 de noviembre del 2013. Sin embargo dejaron fuera los anexos de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), información crucial para conocer a fondo el proyecto y poder emitir comentarios responsables dentro del procedimiento de evaluación, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dos días antes de la consulta.
“Esto es una violación al derecho de participación pública y acceso a la información”, dijo Agustín Bravo Gaxiola, coordinador de Cemda en el Noroeste. “Los anexos de la MIA ya constan en formato digital en manos de la Semarnat desde el año pasado; por ello es una cuestión de logística simple,” remarcó.
El proyecto minero inicialmente fue presentado como Paredones Amarillos, después como Concordia, y ahora como Los Cardones por segunda ocasión.
Desarrollos Zapal de Grupo Invecture recientemente compró la totalidad de las acciones a la canadiense Vista Gold, para promover la evaluación de impacto ambiental por cuarta ocasión ante la Semarnat.
Según el emprendedor, se pretende operar la mina de metales en 543 hectáreas, con dos tajos, tepetateras, una presa de jales, una planta de procesos, y obras de protección pluvial. Se anuncia un acueducto de 36 km que conecta con una planta desalinizadora ubicada en la costa del Pacífico, la apertura de un camino de acceso y otra infraestructura.
La operación minera estaría dentro del área natural protegida (ANP) Sierra la Laguna, donde el decreto prohíbe “verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes”.